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Hace unos días se planteaba en un pleno del Ayuntamiento de mi pueblo natal, Santa Fe, una moción de apoyo a la caza y el silvestrismo, a instancias del PSOE y a petición de la Federación Andaluza de Caza. Hasta donde sé, es un movimiento que se está produciendo en numerosos municipios de la comunidad autónoma andaluza y que tiene relación con la postura que en otros territorios se está defendiendo desde distintas corporaciones y a distintos niveles.

Obviamente, esto ha reavivado la histórica lucha entre cazadores, ecologistas y animalistas (como la reciente noticia de la suspensión de la caza en Castilla y León a petición del PACMA), sin que parezca existir ánimo de entendimiento entre las distintas posturas. Algo parecido a lo que ocurrió hace poco con las cotorras en Málaga, sobre lo que escribí una entrada, aunque aquí con la particularidad de que se están mezclando (a mi parecer de forma tendenciosa) actividades legales y reguladas, como es la caza, con otras que están en un inquietante territorio fronterizo y que, a instancias de Europa, deberíamos empezar a olvidar: el silvestrismo.

La caza como actividad económica

La moción indica que la actividad cinegética la practican en nuestra comunidad autónoma un total de 220000 andaluces que, siendo un número considerable, constituyen menos del 2,4 % del total de la población de Andalucía. A continuación, el escrito remitido por la Federación Andaluza de Caza presenta una serie de datos pertenecientes al informe Impacto económico y social de la caza en España, por lo que que cambian el foco del territorio sobre el que estamos hablando (de Andalucía a España), así que hay que tener en cuenta que la magnitud y porcentajes de que están hablando son referentes a la totalidad del territorio español y no solamente del andaluz.

Habría que extrapolar, de ser posible, estos datos a Andalucía o bien contar con un estudio similar centrado en nuestro territorio, ya que los datos que pasan a darse a continuación están basados en unas estimaciones de la Junta de Andalucía de las cuales no se citan fuentes ni los datos del estudio. La ausencia de datos a una escala obliga en ocasiones a buscarlos a otra, pero conviene resaltar este hecho en una exposición como la que están llevando a cabo, especialmente cuando se presentan datos a una y otra de forma tan cercana.
No obstante, de lo expuesto en el escrito resulta evidente a todas luces que la caza como actividad económica posee actualmente una gran vitalidad, por lo que no creo que sea necesaria ninguna moción institucional de apoyo. Hay actividades en las que la Administración podría volcar sus esfuerzos ya que sí que suponen un menoscabo económico y un daño ambiental en nuestra comunidad autónoma. Por citar solo un ejemplo, la existencia de pozos ilegales que están dañando nuestro territorio, privatizando un bien que es de todos como el agua y dañando ecosistemas tan únicos como el del Parque Nacional de Doñana.

Además, convendría no obviar el coste de oportunidad que supone que un territorio se dedique a una actividad como la caza; esto es, cómo optar por desarrollar una actividad así puede reducir, e incluso anular, los beneficios presentes y futuros de actividades que, suponiendo un beneficio económico, sufren menoscabo por incompatibilidades que existirían con el ejercicio de la caza. Por ejemplo, la realización de actividades de turismo de naturaleza podrían verse impedidas durante los periodos de caza, la observación ornitológica sufriría incluso en periodos inhábiles para la caza, por la merma de ejemplares y por la actitud más desconfiada que presentarían. Recordemos que la ornitología mueve actualmente en Europa una importante cantidad de turistas, pues supone ya entre un 10 % y un 15 % del tráfico mundial de viajeros y es la opción con mayor crecimiento anual, con porcentajes superiores al 20 %, siendo, el asociado a la ornitología, el sector con “más pujanza”, y España es el primer país de Europa en observación de aves y el quinto a nivel mundial, por lo que existe un mercado por explotar adecuadamente que puede redundar en amplios beneficios económicos en nuestra región.

Los servicios medioambientales de la caza

Se citan en el escrito algunos servicios que prestaría la caza al entorno natural: conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas mediante el control poblacional de especies y el control de plagas y enfermedades, labores de gestión y mantenimiento del monte en periodos no hábiles de caza.
Rebasaría la extensión deseable para una entrada de blog el entrar en detalle en la organización interna de un ecosistema y en cómo las distintas especies que lo componen interaccionan entre ellas y con el ambiente geológico hasta alcanzar un equilibrio. El hombre, siendo parte de estos ecosistemas, ha llegado a alterarlos gravemente: ya no cazamos con armas rudimentarias, sino con escopetas repetidoras; no recolectamos los frutos o cultivamos a pequeña escala, sino que usamos maquinaria, pesticidas y monocultivos en agricultura intensiva. Por todo esto, resulta de vital importancia que la gestión de los ecosistemas a los que se refiere el documento de apoyo se realice por profesionales, no teniendo únicamente en cuenta un objetivo (dotar de especies cinegéticas al coto).

Como escribió Miguel Delibes en Tiempos de desolación: «Mucho me temo que, en no pocos predios, lo único que se nos va a ocurrir para que la perdiz se recupere es lo peor que podía ocurrírsenos: abrir las puertas de las jaulas; sembrar los campos con perdices de granja como se hizo antaño en los ríos con las truchas y los cangrejos». Y esto es algo que he podido oír a cazadores (no el balde soy hijo y hermano de ellos) respecto a cómo se “siembran” los cotos con perdices, codornices o conejos unos días antes del comienzo del periodo de caza. Y cómo esos animales son abatidos con suma facilidad, desorientados como están, sin conocer el terreno, sin haber adquirido las habilidades para la supervivencia en la granja de la que vienen a morir en nuestros campos. Delibes lamentaba esto porque ni se le podía llamar deporte ni mucho menos caza.

Respecto a la biodiversidad, recordemos que por mor de la caza se han introducido en nuestro territorio especies como el arruí, que están produciendo daños insostenibles en sierras donde han sido liberados (por ejemplo, en Sierra Espuña han mermado hasta a siete especies protegidas de flora). En la contrapartida, tenemos el control de especies como el jabalí, que por su voracidad puede llegar a infligir daños en cultivos y depredar sobre otras especies. E incluso que con su orina nitrifica en exceso entornos en los que viven especies de flora endémica que se ven perjudicadas, como me comentó un profesor de la UNED que está ocurriendo en Sierra de Mijas, en Málaga.

Finalmente, en cuanto al control de enfermedades, aunque el control de ciertas poblaciones puede conllevar la reducción de vectores de transmisión de enfermedades (como el conocido caso de la sarna y la cabra montés), en otras el manejo inadecuado de animales, como en el caso de las “siembras” anteriormente mencionadas, puede llevar a expandir por un territorio más amplio alguna enfermedad. Citando la revista online de Club de caza: «En algunos casos, los manejos intensivos de ungulados cinegéticos artificiales enmascaran situaciones reales de sobreabundancia. Por ejemplo, una intensa suplementación artificial de alimento suele concurrir con una elevada difusión de algunas enfermedades, como la tuberculosis en el ciervo y la enfermedad de Aujeszky en el jabalí».

En resumen, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. Obviamente, una buena gestión, controlada además por técnicos de la Administración, puede dar unos buenos resultados en cuanto a la gestión de nuestros espacios naturales, pero una gestión inadecuada también puede hacer más mal que bien al entorno natural. Por esto, creemos que la caza no debería “mimarse” de más, como piden los grupos políticos. No más, al menos, que otras actividades que notoriamente están contribuyendo a la conservación de nuestra naturaleza y, por supuesto, en todo momento la caza debería estar sometida a lo que dicte la ley.

El silvestrismo

Esta es la parte más delicada de la moción de apoyo y donde se quiere incluir, dentro de una actividad legal y reglada como es la caza, otra práctica que, como decíamos al comienzo de nuestro documento, está vetada por la Comunidad Europea y por cuyo incumplimiento hemos recibido los españoles varios toques de atención. Si bien nadie niega que la avifauna se enfrenta a graves problemas, como la fragmentación de hábitats y la pérdida de los mismos, el uso de pesticidas en agricultura, los cambios de uso de suelo o la caza ilegal, lo cierto es que la práctica del silvestrismo no resulta tan benévola como el PSOE señala en el documento.

La captura de estas aves les provoca una situación de estrés y angustia cuando quedan atrapadas, ya sea mediante el uso de liga, ya en las redes trampa. Su posterior transporte, hacinadas en jaulas, y su encierro en jaulas de reducidísimas dimensiones, no ayudan a estos animales, nacidos libres, de costumbres gregarias. En los anexos pueden verse algunas fotografías realizadas por la Guardia Civil de capturas de individuos por encima de los cupos asignados o por personas sin licencia. En cualquier caso, los métodos de captura y trato dado a las aves son similares.

Con el silvestrismo, España obvia la normativa 2009/147/CE que prohíbe explícitamente en su artículo 5 “matar o capturar de forma intencionada, sea cual sea el método empleado, todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo”. La Comisión Europea ha avisado en varias ocasiones al Estado español de este incumplimiento. De seguir los pasos propuestos por el PSOE en Andalucía (y nos consta que este movimiento por parte del PSOE en Santa Fe es espejo del que se está dando en tantos municipios andaluces), podrían imponerse sanciones por parte de la CE a España. Sanciones que repercutirían en las arcas públicas a las que, recordemos, no contribuyen únicamente los 15000 practicantes del silvestrismo en Andalucía (un 0,178 % de la población andaluza).

La Comisión Europea, en su dictamen a raíz de los reiterados incumplimientos de España en este sentido, destapa las irregularidades que se han cometido y las contradicciones a las que se ha llegado. En Andalucía, por ejemplo, hubo desviaciones al alza de los cupos marcados a partir de 2012. También se alegó posteriormente que las motivaciones para proseguir con las capturas de ejemplares es la creación de una población reproductora para la cría en cautividad y, entre los motivos que se alegan para seguir con esta práctica, las asociaciones de caza indican que hay estudios de que la cría en cautividad de fringílidos no es viable. Esta contradicción entre las motivaciones alegadas para seguir con la práctica, además de la existencia de evidencias de cría en cautividad con éxito en países como Francia o Bélgica, han sido puestas en evidencia por la CE. En su documento:

 

Finalizando, la caza, con sus defensores y detractores, es una actividad con una serie de componentes (económicos, sociales, culturales, antropológicos) que podrán gustarnos más o menos, pero que está regulada y de la que, personalmente, pediría  a las administraciones que velasen por el cumplimiento de la ley y por estudios rigurosos sobre su viabilidad y, sobre todo, por velar por las especies y los ecosistemas. Pero lo que no ha lugar es a un apoyo institucional, entre otras cosas porque no es necesario a la vista de las bondades que defiende el propio colectivo de cazadores y sus asociaciones. Y menos, si pasa por “colar” junto a la caza al silvestrismo. Otra cuestión sobre la que valdría la pena reflexionar son las posibles motivaciones políticas del PSOE por mover ahora este asunto, cómo casa con su estrategia en la actualidad y qué otros agentes sociales han podido determinar el movimiento en estas fechas. Pero, por hoy, dejo la pluma y cojo los prismáticos.

Para saber más:

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